El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en el que se conmemora en Argentina a las muertes de civiles producidas por la última dictadura militar que gobernó el país.
El 2 de agosto de 2002 el Congreso de la Nación Argentina promulgó la ley 25.633 creando al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con el fin de conmemorar a las víctimas, pero sin darle categoría de día no laborable. Tres años después, durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, se impulsó desde el mismo Poder Ejecutivo Nacional que la fecha se convirtiera en un día no laborable, inamovible.
El 24 de marzo de 1976 no fue un día más en la historia argentina. En esa fecha las Fuerzas Armadas de nuestro país usurparon el gobierno y derrocaron a la entonces presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón. Del mismo modo destituyeron a los gobernadores de las provincias, disolvieron el Congreso Nacional y las Legislaturas Provinciales, removieron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y anularon las actividades gremiales como así también la de los partidos políticos. En suma clausuraron las instituciones fundamentales de la vida democrática.
El golpe de 1976 fue el último pero no el único. Desde 1930 nuestro país había sufrido sucesivas interrupciones del orden democrático. La supresión de los gobiernos elegidos por el pueblo, la represión de los conflictos que surgían entre distintos sectores sociales y la apelación a la violencia habían sido, lamentablemente, bastante frecuentes desde esa fecha. Sin embargo, la dictadura que se inició en 1976 tuvo características inéditas, recibiendo el nombre de terrorismo de Estado.
Algunos ciudadanos e investigadores prefieren hablar de golpe cívico-militar. ¿Por qué? Porque entienden que los militares no actuaron solos ni por su cuenta. La decisión de tomar el gobierno contaba con la adhesión de diversos grupos de la sociedad (sectores con gran poder económico, grupos conservadores, algunos medios de comunicación aines) que entendían que una dictadura era necesaria para organizar el país.
De este modo, a la vez que se desarrollaban acciones de control, disciplina y violencia nunca vistas sobre la sociedad, se tomaban decisiones económicas que privilegiaban el ingreso de bienes y mercancías desde el exterior por sobre la producción de nuestro país.
Así miles de trabajadores de nuestras fábricas perdieron su trabajo debido a que la industria nacional no podía producir productos a un precio similar o menor a los importados. Este proceso fue acompañado por una campaña publicitaria que intentaba convencer a la población de que la industria argentina era mala, de baja calidad y asociaba a lo venido de afuera con lo bueno, lo interesante, lo deseado, ocultando que en esa decisión miles de argentinos quedaban sin trabajo y muchas familias perdían su salario y pasaban entonces a ser pobres.
A la vez, los sucesivos miembros de la Junta Militar y diversas empresas asociadas solicitaron grandes sumas de dinero al exterior en carácter de préstamos. Ese dinero incrementó la deuda externa del país de una manera inédita: de 8 mil a 43 mil millones de dólares que se convirtió por decisión de la misma dictadura, en deuda pública, es decir en deuda que debieron pagar todos los argentinos.
Por otra parte se tomaron distintas medidas financieras y administrativas que hicieron que el Estado iniciara un período de desinversión en salud, educación y vivienda con efectos muy importantes en el empeoramiento de las condiciones de vida de la gente: aumento de la pobreza e inicio de lo que hoy denominamos exclusión social. Es decir, se inició el proceso por el cual muchos hombres y mujeres no encontraban trabajo porque no había fábricas ni instituciones que necesitaran trabajadores y por lo tanto no podían cubrir sus necesidades básicas.
Si bien los golpistas llamaron a su gobierno Proceso de Reorganización Nacional, lo que
se impuso fue una dictadura que ejerció el terrorismo de Estado.
Es decir: fue un gobierno que implementó una forma de violencia política que, usando los recursos del Estado, buscó eliminar a los adversarios políticos –a quienes llamó “subversivos”– y amedrentar
a la población a través del terror.
¿Y cuáles fueron las características específicas del terrorismo de Estado en la Argen-
tina?
Para terminar con las experiencias políticas que anhelaban la transformación social
en nuestro país, la dictadura implementó una nueva metodología represiva: la desapari-
ción sistemática de personas y el funcionamiento de centros clandestinos de detención
(lugares donde mantenían cautivos a los secuestrados fuera de todo marco legal).
Existió un plan sistemático que consistió en secuestrar, torturar y asesinar de forma
clandestina a miles de personas. Los “grupos de tareas” (comandos integrados mayo-
ritariamente por militares y policías de baja graduación) se dedicaban a los secuestros y
luego trasladaban a los secuestrados a centros clandestinos de detención que podían
estar en un cuartel, una fábrica o una comisaría, entre otros lugares.
A partir de ese momento pasaban a ser desaparecidos porque nadie sabía dónde
estaban. No se daba información a las familias y el gobierno decía que no sabía que
había pasado con esas personas.
Los familiares y amigos los buscaban en comisarías, hospitales, pero nadie les daba información. El horror fue tal que hoy sabemos, a través de numerosos testimonios brindados en procesos judiciales, que el destino de quienes estuvieron detenidos en centros clandestinos de detención fue la muerte. Aún se loscontinúa denominando desaparecidos pues hasta el día del hoy sus familiares no han
podido recuperar sus restos.
Una prueba más de la violencia de la época fue la apropiación de niños y niñas, hijos
de las personas detenidas. Algunos de esos chicos fueron secuestrados junto a sus pa-
dres y otros nacieron durante el cautiverio de sus madres.
Fueron entregados en muchos casos a familias que ocultaron su origen a los chicos. Uno de los objetivos era que los niños “no sintieran ni pensaran como sus padres, sino como sus enemigos”. Muchos de esos niños, hoy ya adultos, continúan sin conocer su verdadera historia.
La represión no fue sólo sobre los militantes. La dictadura impuso una vida marcada
por la persecución, las prohibiciones de distintas actividades y un clima de vigilancia
generalizada. Asimismo, miles de argentinos fueron encarcelados como presos políticos.
Otros tantos fueron forzados al exilio, es decir, tuvieron que irse del país porque eran
amenazados o porque la situación de violencia ponía en peligro su vida.
Dentro de este plan de terror, uno de los episodios más tristemente recordados es el
que se conoce como “La noche de los lápices”. El 16 de septiembre de 1976 en la ciudad
de La Plata , las Fuerzas Armadas secuestraron y luego torturaron en un centro clandes-
tino de detención a un grupo de estudiantes secundarios que tenían entre 14 y 18 años.
Otra de las formas en que los militares buscaron controlar las maneras de pensar y
sentir de los ciudadanos fue la censura. Prohibieron libros y canciones, persiguieron a
escritores y artistas.
Asimismo, intentaron que la población no se ayudara entre sí, que
Asimismo, intentaron que la población no se ayudara entre sí, que
las personas quedaran aisladas una de las otras, paralizadas ante el terror. Sembraron
la desconfianza y las actitudes individualistas “Algo habrán hecho”, “no te metás”, “el
silencio es salud” eran algunas de las frases que circulaban en la época.
El terrorismo de Estado disciplinó a la sociedad para imponer un modelo económico
sin que nadie se le opusiera. Estas transformaciones fueron tan profundas que aún en el
presente siguen teniendo sus efectos y ha llevado mucho tiempo comenzar a revertirlas.
Los que resistieron
Durante la represión muchas personas vivieron con miedo. La ciudadanía fue desinfor-
mada ya que los medios de comunicación, cuya función es informar a la sociedad lo que
sucede, no dieron a conocer las atrocidades que la dictadura cometía. Otras personas
fueron indiferentes a lo que ocurría a su alrededor y otras, directamente, apoyaron a los
militares. Hubo sin embargo algunas que resistieron como pudieron, desde sus ámbitos
o lugares de trabajo intentando reunirse, compartir sus ideas y, de esta manera, evitar
las imposiciones del gobierno militar. Otras tantas lograron organizarse y llevar adelante
acciones concretas de crítica y resistencia.
Entre ellas las madres de los desaparecidos,
Entre ellas las madres de los desaparecidos,
que jueves tras jueves, con la cabeza cubierta con un pañuelo blanco, dieron vueltas a la
pirámide de la Plaza de Mayo para exigir información sobre sus hijos. Acciones similares
surgieron en distintas localidades del país. Su accionar marca un profundo ejemplo de
resistencia de la sociedad. Pacíficamente, sólo caminando lentamente y en conjunto; se
enfrentaron al miedo y al poder militar todos los jueves, exigiendo la aparición con vida de
sus hijos y pidiendo justicia. Hubo además otras organizaciones de Derechos Humanos
que denunciaron el terror argentino, aquí y en el mundo.
Para encontrar a sus nietos y devolverles su identidad surgió la Asociación Civil
Abuelas de Plaza de Mayo. Esta organización no gubernamental tiene como finalidad
localizar y restituir a sus legítimas familias a todos los niños apropiados y privados de su
identidad por la represión militar, como también crear las condiciones para que nunca
más se repita esta violación de los derechos de los niños.
También algunos trabajadores encontraron formas de resistir al disciplinamiento de
la dictadura. En 1979 la CGT Brasil , (Se denomina así porque estaba ubicada sobre la calle Brasil, en la Capital Federal.) dirigida en ese entonces por un trabajador de la
industria cervecera, Saúl Ubaldini, convocó a la primera huelga general. A su vez, en los
distintos lugares de trabajo se instrumentaron otros métodos de lucha como el boicot y
el trabajo a reglamento, lo que algunos autores llamaron la “resistencia defensiva”.
En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín.
Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad.
En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera.
En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se han reabierto 959 causas penales, que siguen en marcha. En ese mismo año, se estableció el 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria y la Justicia y como feriado nacional a través de la
Ley 26.085.
Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad.
En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera.
En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se han reabierto 959 causas penales, que siguen en marcha. En ese mismo año, se estableció el 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria y la Justicia y como feriado nacional a través de la
Ley 26.085.
Para más información pueden consultar la página web de Abuelas de Plaza de Mayo: www.abuelas.org.ar
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